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Cuando hablamos de acoso escolar, no estamos refiriéndonos a simples peleas entre niños ni a una broma pesada. La legislación española lo define como una conducta repetida, con intención de causar daño, que puede ser psicológica, física o social, y que ocurre entre iguales. Es decir, entre compañeros.
La sociedad lo sabe, los colegios lo saben y la ley también. Hoy, todos los centros educativos en España están obligados a garantizar la convivencia y la protección del alumnado. No es una recomendación: es una obligación legal. Deben tener un plan de convivencia, un protocolo claro de actuación ante el acoso y un equipo responsable de hacerlo cumplir. 
Detrás de esta exigencia está la Ley Orgánica 8/2021, la llamada Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta norma marcó un antes y un después: obliga a todos los centros —públicos, concertados y privados— a detectar, prevenir y actuar ante cualquier indicio de acoso o maltrato.
Además, la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), más conocida como Ley Celaá, refuerza la importancia de la educación emocional, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la participación del alumnado en la convivencia escolar. No se trata solo de sancionar, sino de educar para convivir.
⚖️ Qué pasa cuando el acoso es grave
A nivel penal, España no tiene una ley exclusiva que hable solo de “acoso escolar”, pero sí existen artículos del Código Penal que pueden aplicarse cuando el daño es grave.
Por ejemplo, el artículo 173.1 castiga el trato degradante o humillante que atenta contra la integridad moral de una persona. Cuando las amenazas, humillaciones o agresiones traspasan el entorno escolar y llegan al ámbito penal —especialmente en el caso del ciberacoso—, los tribunales pueden intervenir.
Eso sí, hay que recordar algo importante:
🔹 Los menores de menos de 14 años no pueden ser juzgados penalmente.
🔹 Entre los 14 y los 18 años, entra en juego la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que busca más la reeducación que el castigo.
En muchos casos, por tanto, la clave no está solo en el juzgado, sino dentro del colegio: cómo se actúa, cuánto se tarda, y si se protege o no a la víctima desde el primer momento.
🏫 Los colegios tienen un papel fundamental
Cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo de actuación ante el acoso escolar. En Navarra, por ejemplo, existe un protocolo autonómico de convivencia escolar que detalla qué pasos debe seguir un centro cuando detecta un posible caso.
Esto incluye registrar los hechos, abrir una investigación, comunicar a la familia, adoptar medidas de protección inmediata y hacer un seguimiento real.
El centro no puede mirar hacia otro lado. Si lo hace, incurre en responsabilidad administrativa, e incluso penal, si se demuestra que no actuó con la debida diligencia.
Hoy en día, hay sentencias que condenan a colegios por no proteger adecuadamente a la víctima o por no activar el protocolo a tiempo.
📱 El nuevo escenario: el ciberacoso
El acoso ya no termina en la puerta del colegio. Ahora continúa en el móvil, en los grupos de WhatsApp, en Instagram, TikTok o Discord.
Y ahí la cosa se complica, porque el daño no solo se repite, sino que se multiplica y se hace visible ante todo el mundo.
La mayoría de comunidades autónomas ya han incluido el ciberacoso dentro de sus protocolos, pero todavía hay diferencias entre regiones. Algunas lo tratan de forma más específica; otras apenas lo mencionan.
Lo cierto es que la ley de 2021 y el propio Ministerio de Educación dejan claro que el acoso digital es una forma de violencia y que debe tratarse igual de seriamente que el físico o verbal.
👨👩👧👦 El papel de las familias y la comunidad educativa
Las familias tienen derecho —y deber— de implicarse.
Pueden exigir que el centro tenga su protocolo actualizado, pedir información sobre el plan de convivencia, y sobre todo, denunciar cuando sospechan que algo pasa.
También deben saber que existen canales oficiales de ayuda y denuncia: desde el propio colegio e inspección educativa hasta las líneas de atención a menores.
Pero lo más importante sigue siendo el acompañamiento diario.
La prevención empieza mucho antes de que haya un caso: en casa, en la forma de hablar, en el respeto, en cómo enseñamos a nuestros hijos a relacionarse.
🚨 Retos pendientes
Pese a todos los avances, España sigue sin tener una ley nacional única y completa sobre acoso escolar.
Cada comunidad actúa con sus propios protocolos y niveles de exigencia, lo que provoca desigualdades.
El reto ahora es unificar criterios, dotar de recursos a los centros y formar mejor al profesorado en la detección temprana y la intervención.
Mientras tanto, el mensaje es claro:
👉 El silencio protege al agresor, no a la víctima.
👉 Y la convivencia se defiende entre todos: familia, escuela y sociedad.
